Pretendo visualizar la situación dada con respecto a los fondos españoles asignados a Uruguay para aplicar en defensa de poblaciones vulnerables, de las cuales el proyecto contempla nueve componentes; género, afrodescendientes, diversidad sexual, discapacidad, migrantes, etnia, edad, VIH sida, excarcelados; y la controversia planteada por cierta parte del colectivo afro que dice que la ayuda de la cooperación española (AECID) viene destinada sólo para invertir en los afros, por lo cual días pasados se debió suspender la presentación del inicio del proceso de implementación del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, así se llama, por un rechazo públicamente notorio de palabras y hechos, reclamando los desconformes por lo que llamaron: “despojo gubernamental al colectivo afrodescendiente”.
No dispongo de documentación y me baso en lo publicado como descargos desde el MIDES en el sentido de un mal entendido en los términos escritos, como también conozco la argumentación de quienes participaron en la confección del plan original y sostienen que fue pensado exclusivamente para la comunidad afro de nuestro país y que posteriormente se cambió.
Tal vez, y estamos en el terreno de la suposición, la pluralidad de beneficiarios facilitó la aprobación.
Lo cierto es que razones tienen cada una de las partes y por lo mismo se imponía un intercambio.
Diré algo desde mi posición de ciudadana uruguaya visiblemente descendiente de africanos e indígenas y defensora de culturas minoritarias, además de afirmar mi voluntad de valorar la gestión del Gobierno frenteamplista instaurado a nivel nacional desde el 2005, con el cual muchos de los grupos históricamente postergados, comenzamos paulatinamente a ver contempladas nuestras aspiraciones de igualdad social. Al menos hay miradas de interés real hacia las problemáticas.
Puntualizo que no colaboré en la hechura del proyecto, no estoy involucrada en su dirección ni implementación, ni ocupo lugares de responsabilidad en ese sentido.
Quien conozca al menos superficialmente la mecánica y formalidades a recorrer necesarias para obtener la anhelada colaboración, sabe que los controles son rigurosísimos antes de conceder dineros cuando de brindar ayuda económica de organismos de cooperación se trata.
Si las cosas no están bien claras no son adjudicados los fondos. Además de seguimientos y controles varios por parte del benefactor e informes periódicos suscritos junto a la gestión y aprobación del beneficio que, luego del visto bueno, no admite modificaciones.
La cuestión es que la plata, cuando es aceptado un proyecto, viene con fines específicos y no para usar discrecionalmente.
Llegado el punto de discrepancia referido y debido al cumplimiento de tareas honorarias contra el racismo y la discriminación cercanas al área Derechos Humanos del MEC donde se gestiona el tema, me consta que se abrieron instancias de acercamiento para tratar la divergencia desde los organismos cuestionados y no fueron aprovechadas por los reclamantes.
¿Pareció más fácil piquetear que encontrarse y hablar? No estoy de acuerdo. Era preferible forzar la conversación previa. Pudiendo usar la herramienta coloquial, se optó por el enfrentamiento, sumado a comedidos artilugios de prensa que obviamente saben que el lío vende.
Lo siento porque arriesga nuestra seriedad como país. También porque conozco a las personas que impulsaron el boicot, valoro su trabajo militante y creo que se equivocaron al dinamitar caminos de entendimiento que aún esperan.
La visión que estamos dando ante los organismos de cooperación no es la mejor, y muy posiblemente esto podría llevar a que en adelante, lo piensen dos veces antes de brindar ayuda económica para el desarrollo de la comunidad afrouruguaya o alguna otra.
Aliento a recuperar el diálogo.
Susana Andrade – ATABAQUE Espacio 609-FA
Fuente: Legado Afro
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