Según la información disponible, la condición étnica y racial de los y las afrodescendientes les coloca en una situación social y económica de desventaja, por el legado de la esclavitud y como consecuencia del racismo estructural y de modelos de desarrollo excluyentes, los cuales se manifiestan en desigualdades socio-económicas, insuficiente representación política, limitado acceso a la educación superior y técnica, deficientes servicios de educación pública de calidad en las comunidades, mayores índices de mortalidad materna e infantil, un menor acceso a los servicios de salud, incluida la sexual y reproductiva para las mujeres, subregistro de niños y niñas al nacer, la criminalización de jóvenes y falta de información estadística confiable.
En su resolución A-Res-64-169I 2011 de las Naciones Unidas, fue declarado por la Asamblea General el “Año Internacional de las Personas de Ascendencia Africana con miras a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional, en beneficio de las personas de ascendencia africana, en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de estas personas”.
En el 2011 se cumplen también los 10 años de la firma de compromisos de los Estados con las personas de ascendencia africana consignados tanto en la Declaración como en el Plan de Acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica en el 2001; sin embargo, la exclusión racial que limita los derechos humanos de decenas de millones de afrodescendientes no se ha modificado sustantivamente.
Se ha avanzado, pero…
Es importante reconocer, no obstante, que en la última década, producto de la organización social y política de los y las afrodescendientes, existen respuestas estatales o gubernamentales de diversa índole para hacer frente a la insostenible realidad afrodescendiente de la región. Debe destacarse Brasil como el país que más ha avanzado en institucionalidad para promover la igualdad racial a través de la Secretaria de Políticas Públicas para la Igualdad Racial SEPPIR. También algunos países como Uruguay han avanzado en acciones institucionales en favor de las mujeres afrodescendientes, como la Dirección de Mujeres Afrodescendientes en el Instituto Nacional de las Mujeres.
En países como Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guatemala se identifican acciones gubernamentales en contra de la discriminación o a favor de la inclusión de los y las afrodescendientes. En los Estados Unidos, las luchas históricas del pueblo afrodescendiente, entre los cuales se destaca el movimiento de liberación negra entre los 50s-70s, tuvo como resultado la creación de políticas de acción afirmativa a favor de la equidad y en contra de la discriminación racial.
Todavía estos esfuerzos nacionales siguen siendo insuficientes ya que la realidad de exclusión, el acceso limitado a los derechos, la falta de representación y la pobreza siguen siendo desproporcionados con relación a la calidad, cantidad y recursos que se invierten en las respuestas gubernamentales. La globalización neoliberal ha exacerbado dichas desigualdades y, paradójicamente, a la vez que se declara el multiculturalismo y se celebra la inter-culturalidad, permanece y en ciertos reglones sociales se profundiza la opresión racial.
El protagonismo de los propios afrodescendientes ha sido vital y este año internacional en el que debe garantizarse un verdadero compromiso regional con recursos y voluntad política, las respuestas locales, nacionales e internacionales exigen de una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y de sus líderes. Por un lado, es importante darle seguimiento e implementar la agenda contra el racismo promovida por las Naciones Unidas, por otro lado es crucial que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades de base afrodescendientes articulen e impulsen una agenda propia para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a transformaciones generales en aras de la democracia y la justicia.
El Año Internacional de las personas de Ascendencia Africana es un reconocimiento de la realidad de racismo, discriminación y desigualdad social económica y política que afecta a decenas de millones de personas, pueblos y comunidades afrodescendientes, convirtiéndolas en víctimas, con una ciudadanía limitada y sin derechos plenos. Además, la reconocida discriminación de género y el sexismo colocan a las mujeres afro en una situación de mayor desventaja profundizando su exclusión, así como la de la niñez, adolescencia y juventud afro.
Los recursos presupuestarios y financieros han sido absolutamente insuficientes para hacer frente a la realidad de las personas de ascendencia africana. El desafío mayor de los Estados, es promover acciones afirmativas con políticas universales que transversalicen la realidad de las víctimas en todos los programas y acciones de los gobiernos. Más aun, en estos tiempos de crisis global de la civilización occidental capitalista, se requieren cambios sistémicos que combatan el racismo estructural y sus implicaciones múltiples en las condiciones de vida de los pueblos afrodescendientes. Los movimientos afrodescendientes históricamente han estado al frente de las transformaciones democráticas y a favor de la justicia social en el mundo y en esta época hemos de tener ese rol protagónico que nos pertenece.
Pensando en la próxima década
Las personas de ascendencia africana requieren que la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la UNASUR, Mercosur, SICA, la Organización de Estados del Gran Caribe, la Unión Europea, la Unión Africana y las Instituciones Multilaterales, planteen un Plan de Acción para la próxima década con desafíos, plazos, recursos financieros y mecanismos de rendición de cuentas, que garanticen la participación de la sociedad civil tanto en el plano regional como en el nivel nacional y local. Dicho plan debe recibir insumos y ser consultado con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de base afrodescendientes, quienes a su vez han de elaborar su propia agenda hacia dentro de las comunidades y pueblos y hacia todos los actores externos empezando por los Estados.
Se identifican como necesidades urgentes: Políticas sociales progresistas, focalizadas y universales que garanticen los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la tierra y a los recursos productivos; censos que permitan desagregar los datos por género, raza y etnia, programas y políticas dirigidos a la población joven afrodescendiente; abordar la violencia racial existente con políticas que enfrenten la criminalización de jóvenes afro y el genocidio justificado en lucha contra la delincuencia; acciones concretas a favor de los migrantes internos y de los y las migrantes; incorporar la realidad del racismo en todas las agendas: democracia, crisis alimentaria, crisis energética, acuerdos comerciales; derecho a las tierras y territorios afrodescendientes y generar un plan de acción de emergencia para la niñez y adolescencia afrodescendiente. Los Objetivos del Milenio deben de ser cumplidos a cabalidad en todas las comunidades y pueblos afrodescendientes.
Existen diversas organizaciones y redes de afrodescendientes que requieren coordinar acciones para profundizar sus agendas relativas a la inclusión racial, la lucha contra el racismo, la promoción de derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la inclusión política, la defensa de los derechos de la niñez, el reconocimiento estadístico, la defensa de la tierra y a la promoción de la justicia y los derechos de los y las jóvenes, entre muchos otros temas que realizan acciones en los planos local, nacional y regional.
La realidad de los pueblos y comunidades afrodescendientes pone en serio cuestionamiento la efectividad de una democracia sustantiva que no se conforme con elecciones periódicas relativamente limpias; porque hasta en términos de la democracia representativa América Latina se encuentra en deuda con millones de afrodescendientes que no se encuentran representados y representadas en los diferentes poderes del Estado.
Las mismas metas de desarrollo nacional y los compromisos internacionales de los Estados como los Objetivos del Milenio, parecen dejar en la invisibilidad a las personas de ascendencia africana, pues los promedios nacionales siguen ocultando las inaceptables brechas raciales y geográficas que persisten en los países y que vuelven a colocar a los y las afrodescendientes en los sectores más excluidos del desarrollo.
Agenda de todos/as
La experiencia brasileña de los últimos años, en donde las acciones afirmativas y una política pública con una perspectiva racial alcanzó a millones de afrodescendientes (aunque sin llegar aún a una situación de inclusión estable), podría empezar a dar pistas sobre el camino que deben de recorrer el resto de países de la región para iniciar el largo camino de la inclusión racial, social y económica de las decenas de millones de afrodescendientes que deberá necesariamente de estar acompañada de una inclusión política real.
Este Año Internacional debe de ser el inicio de una década de acciones sostenidas que permitan el goce efectivo de derechos humanos de los y las afrodescendientes, debe de replantear los debates y decisiones para avanzar hacia una democracia intercultural y paritaria que no solo garantice representación para hombres y mujeres de los diversos grupos, pueblos y comunidades, sino que permita una distribución justa de los recursos y las oportunidades en un modelo de desarrollo humano sostenible.
Los derechos humanos siguen siendo para millones de afrodescendientes un horizonte infinito, que casi no se vislumbra, porque pese a sus esfuerzos centenarios de reclamar una humanidad arrebatada de la realidad, sigue estando caracterizada por la carencia y por la injusticia.
Es tiempo ya que la agenda afro sea asumida por todos y todas aquellas personas que luchan por la libertad, por la democracia real y por la justicia. Llegó la hora de que la bandera de lucha contra el racismo y la discriminación sea levantada no solamente por quienes han sido las víctimas. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de generar alianzas verdaderas para lograr un nuevo pacto social en el que dejemos del lado las discriminaciones históricas y acordemos una sociedad en donde todas las personas tengan las condiciones para vivir bien y para ser felices.
Epsy Campbell es economista costarricense, con Maestría en Cooperación al Desarrollo, Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Afrodescendientes en los Censos, Consultora en temas de desarrollo afro, desarrollo rural, mujeres y participación política. Activista social y líder política.
Co-Presidenta de la Comisión Nacional Afrocostarricense.
* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento, No. 467, que trata sobre el tema " Afrodescendencia: memoria, presente y porvenir" (http://alainet.org/publica/467.phtml)
Fuente: Legado Afro
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